El anteproyecto de ley mejora la protección de las pymes en sus relaciones con los bancos y las SGR, facilita el acceso a líneas de financiación que hasta ahora utilizaban las empresas de mayor dimensión (y que en la práctica no estarán al alcance de autónomos y micropymes) y regula el crowdfunding, con medidas que intentan ofrecer mayores garantías a los inversores pero que podrían perjudicar el acceso a la financiación de los proyectos.
Preaviso para cortar líneas de crédito. El Anteproyecto quiere obligar a las entidades de crédito a preavisar con al menos tres meses de antelación la no renovación de una línea de crédito o cuando se vaya a producir una reducción igual o superior al 35% de la misma. Además, las pymes podrán solicitar a la entidad financiera un historial de su situación financiera para poder facilitar su financiación por parte de otros bancos.
Deuda comercial. La futura ley incluye dos disposiciones relativas a la morosidad que permitirían a las empresas pagar su deuda comercial más allá de los 60 días que establece la ley, si el deudor y el acreedor se ponen de acuerdo para ceder la deuda a un tercero (una especie de factoring o confirming entre particulares). Para la Plataforma Multisectorial contra la Morosidad esta medida empeorará la situación de pymes y autónomos aumentando los plazos de cobro y teniendo que soportar el acreedor o proveedor los costes financieros de sus clientes. Y recuerda que la morosidad ha sido la causante del cierre de un tercio de las 500.00 empresas que han desaparecido desde el inicio de la crisis.
Mejorar el apoyo de las SGR. La nueva ley intenta evitar el desamparo de las pymes que hayan recibido un aval por parte de una Sociedad de Garantía Recíproca y que hayan incumplido con el acreedor tras un primer requerimiento. En ese caso, la Compañía Española de Reafinanciamiento (CERSA) reactivaría el aval ante el acreedor. Además, se incrementan las exigencias sobre los directivos de las SGR equiparando las obligaciones de honorabilidad, conocimiento y experiencia a la de los directivos de entidades de crédito.
Las entidades financieras deberán avisar antes de tres meses de la anulación, o reducción del 35% o más, de una línea de crédito
Regulación del crowdfunding. Esta forma de financiación informal que hasta ahora ha permitido que los promotores de un proyecto consigan financiación de pequeños inversores a través de internet a partir de ahora estará regulada por ley y controlada por la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) o el Banco de España. La nueva normativa quiere proteger al inversor con exigencias de mayor transparencia y seguridad a las Plataformas de Financiación Colectiva, que es como pasarán a denominarse legalmente, y tendrán que disponer de un capital social mínimo de 50.000 euros o de un seguro de responsabilidad civil con una cobertura de 150.000 euros y limitaciones de inversión (máximo de 3.000 euros por proyecto y de 6.000 por plataforma, al año). Eso sí, sólo afecta a plataformas en las que el inversor espera recibir una remuneración monetaria; las plataformas más informales -con inversiones en compraventas y en donaciones- quedan fuera y podrán seguir funcionando exactamente igual que ahora.
Regular y flexibilizar las titulizaciones. La titulización es una forma de acceder al crédito a través de los mercados de capitales. Consiste en convertir en un derecho de crédito (o título financiero) cualquier activo financiero (facturas pendientes y préstamos) de una empresa. Es una forma de transferir el riesgo asumido por las empresas a inversores profesionales que hasta ahora han utilizado empresas de tamaño medio y grande y que con la nueva legislación estaría al alcance de las pymes, reforzando la seguridad jurídica de estos instrumentos financieros.
Acceso de la emisión de obligaciones a las pymes. Otra medida que hasta ahora habían utilizado las medianas y grandes empresas y que ahora se quiere extender a las más pequeñas es la posibilidad de emitir deuda para las sociedades limitadas, que hasta ahora la legislación mercantil dejaba fuera de esta forma de financiación. Eso sí, se introducirán salvaguardias para evitar un endeudamiento excesivo. Además, se amplía la capacidad para emitir obligaciones por encima de sus recursos de capital a las sociedades anónimas y las sociedades comanditarias.
Facilitar el tránsito de la Bolsa al MAB, y al revés. Más medidas que quedan lejos de las necesidades de las empresas más pequeñas. El Gobierno quiere facilitar el acceso al Mercado Alternativo Bursátil (la bolsa de las medianas empresas) desde la Bolsa y del MAB a la Bolsa, flexibilizando las exigencias en cada caso. Para las sociedades que coticen en Bolsa y quieran pasar al MAB, se sustituirá la exigencia de presentar una OPA de exclusión por otro mecanismo menos oneroso, para proteger a los inversores minoritarios. Para las compañías que quieran hacer el viaje contrario (del MAB a la Bolsa) resultará más fácil con la nueva ley, que flexibilizará las exigencias para realizarlo (aunque no se ha especificado cómo).
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